El fideicomiso en Uruguay, regulado por la Ley 17.703, se trata de un negocio en el que una persona física o jurídica, el fideicomitente, transmite la propiedad (fiduciaria) de determinados bienes a un patrimonio administrado por otra, el fiduciario, para que la lleve a cabo de acuerdo a instrucciones específicas establecidas en el contrato que crea el fideicomiso y en beneficio de la persona designada como beneficiario. A través de este instrumento se crea un patrimonio por afectación que se utiliza para inversiones, garantías, administración patrimonial y reestructuración de empresas en quiebra.
Una característica clave es que los bienes del fideicomiso están separados de los patrimonios del fiduciario, fideicomitente y beneficiario, protegiéndolos de acreedores.
Según el sistema tributario uruguayo, si las operaciones o activos están en el extranjero, no se aplican impuestos en Uruguay. El fideicomiso puede ser constituido por individuos o entidades legales y requiere cumplir con formalidades legales específicas, como su registro en el Registro Público de Uruguay.
Estos son algunos de los beneficios del fideicomiso:
- Administración Patrimonial: puede utilizarse para planificación sucesoria y fiscal, distribución familiar de bienes, y anonimato.
- Garantía: acelera la recuperación de deudas evitando procesos de ejecución y subastas públicas.
- Inversiones y Financiamiento de Proyectos: permite controlar los flujos de caja y proteger los derechos de las partes involucradas, siendo común en proyectos complejos como construcciones y desarrollos inmobiliarios.
El fideicomiso uruguayo es una herramienta versátil que permite articular los intereses de varias partes involucradas, brindando transparencia y limitando conflictos de interés.
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